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  TransAraucarias: solicitan a Contraloría investigar imposiciones impagas

  La directora nacional del Trabajo, María Cecilia Sánchez, señaló que nuestra legislación permite a las empresas declarar las imposiciones de sus trabajadores y, al mismo tiempo, no pagarlas.

Sábado 31 de julio de 2010

Con el apoyo de cerca de 200 personas protestando frente a La Moneda y junto al diputado Gustavo Hasbún (UDI), dirigentes de los trabajadores de TransAraucarias asistieron a la Contraloría General de la República para solicitar al organismo una auditoría que investigue los motivos de por qué la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Transportes permitieron a la empresa administrar la Zona H del Transantiago no pagar durante más de dos años las imposiciones a sus funcionarios.

El dirigente Osvaldo Arancibia sostuvo que TransAraucarias debe a sus 650 trabajadores cerca de 2.100 millones de pesos por concepto de cotizaciones previsionales, además de los sueldos de junio y julio. Arancibia agregó que, cumplido un mes de huelga, "hay algunos colegas que les han cortado la luz, tienen los refrigeradores vacíos y necesitan urgentemente una solución".

Por su parte, el parlamentario dijo que "esta es una situación grave, que amerita una investigación por parte de la Contraloría para determinar las posibles responsabilidades que le caben a los distintos funcionarios, a quienes permanentemente se les informó lo que ocurría". Además, el congresista se comprometió a conseguir la próxima semana una entrevista entre el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y los trabajadores de TransAraucarias.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

En tanto, la directora nacional del Trabajo, María Cecilia Sánchez, señaló que nuestra legislación permite a las empresas declarar las imposiciones de sus trabajadores y no pagarlas a las AFP, lo que les impidió multar a TransAraucarias por ese motivo. "Ahí son las AFP las que tendrían que haber iniciado las denuncias correspondientes en los tribunales de justicia", dijo.

Sánchez explicó que la solución al conflicto pasa porque "los trabajadores hagan las denuncias en los tribunales del Trabajo".

La autoridad esgrimió esta salida al conflicto debido a que la empresa tiene patrimonio y que éste puede ser captado (confiscado) en caso de alguna resolución favorable, lo que permitiría pagar las imposiciones y sueldos adeudados. La autoridad agregó que "el nuevo procedimiento del trabajo no se demora más allá de dos o tres meses".

Finalmente, la directora nacional del Trabajo indicó que no tiene las atribuciones para exigir a las empresas operadoras del Transantiago el cumplimiento en el pago de sueldos y que sólo pueden aplicar multas administrativas por estas infracciones.

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