Está escrito: sólo la movilización social puede evitar que el efecto Goic se desvanezca, al igual que los debates sobre desigualdad en las dos últimas campañas presidenciales.
Hugo Mery
Así como “las cifras que maneja el fútbol son ofensivas para la gente” -de acuerdo con la lúcida expresión del nuevo director técnico de la selección de fútbol, Marcelo Bielsa-, los reportes de utilidades de las empresas y los cuantiosos ingresos fiscales por el cobre parecen ser agresivos para quienes obtienen entradas por menos de 200 mil pesos mensuales. Esta irritación social no es, por supuesto, la única razón de la efervescencia del debate desatado por las palabras que el presidente de los obispos, monseñor Alejandro Goic, pronunció después de terciar en el conflicto de los subcontratados de Codelco. En el fondo de su propuesta de un “salario ético” está la constatación de que la tregua sindical terminó en Chile, después de 17 años de postergaciones.
Primero fue la cautela ante el regreso a la democracia y la acechanza de Pinochet y su poder armado, y después la caída estrepitosa del empleo y la desaceleración del crecimiento. Factores que se sumaron a la atomización en que el régimen militar dejó a las organizaciones de trabajadores, junto con la precariedad para ejercer el derecho a huelga y la negociación colectiva. Entre las nuevas realidades, la externalización de la mano de obra adquirió tal entidad que se hizo necesaria una ley de subcontratación. Una de las enseñanzas que dejó el conflicto en la minera estatal es que esa legislación es insuficiente.
En lo mediato, el contexto en que se pronunciaron las palabras de Goic está en la tradicional mala distribución del ingreso nacional, que durante Pinochet no hizo sino acentuarse para hallar una cruel confirmación en el período de Ricardo Lagos, pese a que el político progresista hizo del “crecimiento con igualdad” el lema de su campaña electoral. Y pese a las redes de asistencia social que instaló durante su Gobierno, en medio de los avatares que plantean la pobreza y la institucionalidad dedicada a atenderla.
Si bien hace 20 años el Papa Wojtyla planteó en Chile que “los pobres no pueden esperar”, hoy se puede decir que ellos están prácticamente donde mismo, pese a los avances en democratización, modernización -que fueron los objetivos declarados de los dos primeros gobiernos concertacionistas- y acceso a bienes mediante mecanismos públicos y privados diseñados para satisfacer sus expectativas. No es casual, entonces, que sea un dignatario episcopal quien haya dicho la verdad, planteando -está por verse si temporalmente- una derrota a la clase política. Ésta agitó el tema en las dos últimas campañas presidenciales, para luego archivarlo, lo que despierta la ominosa sospecha de que sólo lo desempolva con propósitos electorales.
En la actualidad, la Conferencia Episcopal inscribe el punto en la agenda pública, en circunstancias de que debieron hacerlo la Concertación y el Gobierno, más allá del perdido anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet -que pocos advirtieron en su momento- de que buscaba instaurar un Estado social de Derecho, mediante las políticas de protección desde la infancia hasta la vejez que se están ejecutando.
Pero también debió hacerlo la oposición. No sólo porque, para ser creíble, tiene que elaborar propuestas alternativas a las del Gobierno que fiscaliza, sino porque durante la campaña también enarboló las banderas de la redistribución social, al punto que sus candidatos parecían, en los foros, más avanzados que su oponente socialista. La ausencia de iniciativas de la izquierda de la Concertación -en la que hay que visualizar, en primer lugar, por historia y doctrina, al Partido Socialista- es aún más significativa y origina una interrogante: qué es ser social progresista hoy si los principales líderes de esta corriente aparecen superados por la simple invocación cansina de un obispo de buena voluntad, que superó su mal estado de salud para erguirse en mediador de un conflicto laboral, en el que la empresa estatal y el Gobierno aparecían trabados y los sindicalistas desbordados por la violencia de algunos de los movilizados.
El efecto Goic se traduce ahora en múltiples iniciativas de los principales líderes políticos. Si ellas persisten al punto de dar lugar a una mesa de diálogo o comisión y a proyectos de ley dependerá, a juzgar por la experiencia de los “pingüinos”, de la capacidad de los trabajadores -contratados y bajo subcontratación- de movilizarse y tener éxito en sus reivindicaciones. La clase política ha consagrado, en el plano legislativo, el ethos nacional de actuar bajo la presión de urgentes circunstancias. Si las aguas sociales se aquietan, los colegisladores se adormecen, para focalizarse después en nuevas emergencias: catástrofes, desabastecimientos energéticos, asesinatos de mujeres, fallas de gestión y probidad, ataques de perros, nuevos feriados, etc.
Los pobres, en tanto, seguirán esperando y escuchando que aumentar el salario y no flexibilizar la contratación son incentivos para el desempleo y la quiebra de las pequeñas empresas. Y los dueños de estas últimas verán también cómo las grandes corporaciones, de las que son igualmente víctimas de abusos, elevan sus ganancias de modo pecaminoso. Es el espectáculo del pecado social expuesto en el sagrado mercado de la economía.
