"Nos parece una señal de poca transparencia y que muestra a una empresa que no está dispuesta a cumplir con la ley. Todo cambio significativo en la producción debe pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero vemos que Celco recurre a la Corema 'baipaseando' la institucionalidad", reclama Claudia Sepúlveda, vocera del movimiento Acción por los Cisnes.

"Mañana (hoy) enviaremos un carta a la Corema para que no acoja la petición de la empresa", dijo Sepúlveda, aludiendo a la solicitud ingresada el martes 16 de junio por la planta Valdivia de Arauco que busca aumentar en 20% su producción anual, según publicó ayer La Nación.

La planta, aún en juicio por daño ambiental por la muerte de cisnes, interpreta que es la Corema y no el SEIA la instancia que debe resolver la materia por cuanto sostiene que el aumento del 20% de la producción no implica variaciones a los impactos autorizados en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). De paso, explica que el proyecto generará 300 empleos y es necesario para competir en un mercado subsidiado.

En terreno jurídico, la empresa dice que "uno tiene que acudir al SEIA cuando está presentando 'cambios de consideración' con respecto a la RCA que autoriza el funcionamiento de la planta", dijo ayer a Radio Bío Bío el gerente de asuntos públicos de Arauco, Iván Chamorro.

Sin embargo, la propia titular de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, dijo a La Nación que la propuesta sí implica un "cambio de consideración" pues, en su opinión, se trata "de una modificación a la RCA original" que precisamente "se dictó en el marco del SEIA", sostuvo.

El abogado ambientalista Vladimir Riesco estima que un "cambio de consideración" ocurre cuando la modificación genera impacto ambiental adverso. "En este caso tenemos impactos comprobados desde 2004, y un aumento de 20% implica por cierto más efluentes. Si la empresa dice que ha introducido mejoras que sustenten su postura, debe acreditarlo ante el SEIA", indica. Riesco advirtió que si la Corema aprueba la solicitud y luego se constatan nuevos efectos ambientales, el Estado "tendrá responsabilidad" conducente a acciones legales.

"No voy a referirme al caso. Vamos a evaluar la solicitud en su mérito. No tenemos plazo para resolver", comentó el intendente de la Región de los Ríos y presidente de la Corema, Iván Flores.