El cambio en la máxima jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) y las circunstancias que precedieron al reemplazo de Arturo Herrera plantean la necesidad de una profunda reflexión sobre los incentivos de los policías (civiles y uniformados) para actuar con probidad -habida cuenta que son funcionarios públicos- y para mantener sistemas propios de control sobre la conducta de los agentes del orden.

No es sólo un problema de cantidad de casos en los que se ven involucrados, sino también del calibre de las faltas que se han venido conociendo en los últimos meses: la red de contraórdenes falsas en tribunales que permitía la liberación de criminales; el caso de Trévor Oyarzún y la adulteración de una alcoholemia; el uso de un automóvil fiscal para asistir a un club nocturno; la explotación sexual de menores en Valparaíso (que fue denunciada por un programa de televisión). Éstos, entre otros casos, han ido dando cuenta de los dos problemas señalados.

Y es que cuando un funcionario tiene contacto con el crimen, son sus valores personales e institucionales los que lo separan de ingresar al mundo delictual. Debe haber, por tanto, un reforzamiento de la formación ética de los policías, incentivando y reconociendo el cumplimiento del deber en las difíciles y, muchas veces, heroicas circunstancias que deben enfrentar.

Pero en la otra arista, la de los controles internos, se necesita una inspección fuerte y autónoma en cada una de las ramas policiales. No constituye una solución eficaz una iniciativa como la planteada hace algunas semanas por parlamentarios en orden a "cruzar" la fiscalización entre uniformados y detectives, es decir, que la investigación la efectúe Carabineros cuando estén siendo indagados efectivos de la PDI, y viceversa. Esa iniciativa no soluciona el problema real, sino que sólo externaliza la función contralora de la conducta funcionaria. Por el contrario, puede terminar inhibiendo el control interno y, al mismo tiempo, generar fricciones innecesarias entre instituciones que deben ser complementarias.

El camino correcto debería ser el desarrollo de una autorregulación efectiva en cada una de las policías, integrando en los equipos fiscalizadores a detectives y carabineros de larga trayectoria, con una conducta que sirva de ejemplo a sus pares más jóvenes y que, por lo tanto, sean no sólo sancionadores, sino modelos valóricos, con capacidad para investigar y actuar de manera autónoma y eficaz, en lo que a encontrar la verdad se refiere.

La labor que realizan tanto Carabineros como Investigaciones en la protección de los ciudadanos es invaluable y debe ser reconocida. Los casos conocidos deben alentar a mejoramientos internos y no a una condena hacia los miles de efectivos que realizan su trabajo con vocación y dedicación.